No hay delito: la alcaldesa de Soledad de Doblado no incurre en nepotismo, ni en omisión de obra pública

En medio de las recientes acusaciones que han circulado en redes sociales y algunos medios sobre la gestión de la alcaldesa de Soledad de Doblado, Malitzin Sánchez Solís, es necesario puntualizar que ninguno de los señalamientos implica, jurídicamente, una conducta ilegal. Ni en lo que respecta a la supuesta contratación de familiares ni en el tema de presunta ausencia de obra pública, existen elementos normativos que permitan afirmar que se ha cometido algún delito o falta administrativa grave.

Contrario a lo que algunos afirman, la Constitución mexicana no prohíbe de forma expresa que un presidente municipal contrate a familiares, siempre que dichas contrataciones respeten los principios de legalidad, transparencia y competencia. Así lo establece el Artículo 134 de la Constitución, donde se indica que los recursos públicos deben manejarse con eficiencia y honradez, bajo criterios de imparcialidad y responsabilidad.

Ahora bien, la Ley General de Responsabilidades Administrativas sí define como falta grave el nepotismo, pero solo si se otorgan cargos a personas cercanas sin un proceso transparente ni evaluación de méritos. Es decir, lo ilegal no es el parentesco, sino la ausencia de competencia para el puesto. Hasta ahora, quienes lanzan las acusaciones no han presentado evidencia sólida que demuestre que los supuestos familiares mencionados fueron colocados en puestos sin contar con el perfil.

En cuanto al segundo señalamiento, sobre la falta de obras públicas, conviene poner en contexto la situación. Los primeros meses del año han sido especialmente complejos para múltiples municipios veracruzanos, debido a un retraso en la liberación de permisos y validaciones por parte del gobierno estatal. Fue la propia gobernadora quien, en reunión reciente con alcaldes, reconoció que muchos Ayuntamientos —incluido Soledad de Doblado— no podían iniciar nuevas obras porque carecían de las autorizaciones formales, a pesar de tener recursos disponibles. Algunos presidentes municipales se adelantaron, ignorando este proceso, y ahora enfrentan auditorías o posibles sanciones.

A diferencia de ello, la gestión de Malitzin Sánchez optó por respetar la normativa estatal y no comprometer recursos sin aval jurídico. Esa decisión hoy permite que, con los permisos finalmente liberados, comiencen a ejecutarse diversos proyectos de infraestructura.

Las filtraciones en redes sociales que hoy intentan descalificar su gestión se basan, en muchos casos, en narrativas sin fuente informativa, y sin corroboración oficial. Por ello, cabe cuestionarse si estamos ante un verdadero ejercicio de rendición de cuentas o frente a una estrategia de descrédito disfrazada de denuncia.

En tiempos donde la desinformación puede viralizarse en minutos, también es deber de la ciudadanía ejercer un juicio informado, que valore los hechos por encima de los rumores. Defender la legalidad implica también garantizar el derecho a la presunción de inocencia y no permitir que el linchamiento mediático sustituya a la justicia.

Acusar sin fundamento también erosiona la credibilidad de las verdaderas denuncias. Hoy más que nunca, es momento de diferenciar entre crítica legítima y juicio mediático infundado.